El Juez Escobar falló contra los geselinos LA EMPRESA GESELL DEBE SEGUIR CRECIENDO No es la primera vez que el Dr. Marcelino Escobar toma determinaciones que atentan contra la economía geselina. Incapaz de resistir presiones mediáticas, no utiliza el mismo criterio ante situaciones similares. Es sumamente permisivo con Pinamar y La Costa, en algunos casos si exigir cuestiones que la Ley exige debe tener en cuenta y utiliza en Gesell procedimientos limitativos que ponen en riesgo la economía local.   El juez Antonio Marcelino Escobar, titular del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N° 1 de Dolores, ordenó la paralización de las obras de dos balnearios de la nueva ordenanza referente a la playa que la Municipalidad adjudicó en 2010, siendo estas unidades en las cuales los concesionarios utilizaron cemento para desarrollar la construcción. Este fallo surgió luego de una demanda iniciada por el Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Szelagowski, quien a fines del pasado año presentó una demanda ambiental contra la Municipalidad de Villa Gesell solicitando la inmediata paralización de las construcciones en playa, la derogación de las ordenanzas vigentes y la remoción de materiales de las obras realizadas en los últimos meses. Tras esta demanda, Escobar ordenó el pasado viernes detener las tareas a realizar, más allá de que las unidades están terminadas y ya tuvieron actividad laboral durante este pasado verano, siendo afectadas las Unidades Turísticas Fiscales del Paseo 123 y 148. Le prohibió a la Municipalidad que haya posibilidad de abrir “una nueva licitación, concurso o autorizar nuevas construcciones y habilitaciones de Unidades Turísticas Fiscales”. En su resolución, Escobar menciona el uso de cemento en las construcciones, lo que estaría prohibido según la última ordenanza municipal, que habilitó a esta nueva camada de Unidades Turísticas Fiscales. Lo cierto es que no está prohibida la construcción con cemento, es más tanto el Fiscal como el Juez tienen notas firmadas para el Partido de Pinamar, en donde dan su consentimiento para la construcción de cemento en playa para la temporada pasada, existiendo también antecedentes del Juez Escobar, quien permitió unidades de cemento en el Partido de La Costa y en la Municipalidad de Mar del Plata. Queda claro que existe una manifiesta animosidad del Dr. Escobar con las autoridades y el pueblo de Villa Gesell, seguramente filudo por cuestiones políticas. Lo cierto es que la resolución de Escobar tiende a perjudicar las inversiones y una ciudad turística, sin ellas, tiende a transformarse en no competitiva y por ende, deja de ser rentable para todos.   Lo cierto es que una reflexión global se impone acerca de una vieja tentación de la política: su judicialización. Cuando a principios de los años treinta del siglo pasado, los republicanos no tenían mayoría política para detener la política del Nuevo Trato, recurrieron a la Corte Suprema. Esta comenzó a echar abajo importantes medidas de la política económica del Presidente Roosevelt, basándose en el derecho de propiedad o en las facultades de los gobiernos estatales. Se llegó a hablar del "gobierno de los jueces". Diversidad de Opiniones En perspectiva comparada, algunos autores ven en esa judicialización algo positivo, pues protege al ciudadano de los abusos de los gobiernos, frena la corrupción y pone límites al burocratismo y a la mala administración. Pero otros autores sostienen en general que no es bueno que se sustituyan decisiones políticas por decisiones judiciales o que se modifiquen las decisiones de políticos responsables ante el electorado por fallos judiciales. Otros señalan que sobre todo por una práctica y una educación no adecuadas a los nuevos tiempos, los jueces no tienen la capacidad de supervisar políticas públicas contemporáneas. Además se señala que los tribunales son decisores públicos que normalmente sólo actúan por iniciativa de las partes litigantes. Estas, además, piden la acción judicial, velando sólo por sus derechos e intereses. El interés general queda así ocultado. La importancia pública del proceso judicial acaba con la sentencia, pero el Estado, a través de la administración pública y la promulgación de leyes, tiene otros importantes instrumentos de acción. Por todo ello se ha dicho a propósito de la experiencia europea reciente que "dado que los procesos judiciales son esencialmente bipolares están diseñados para resolver conflictos en términos de los intereses de sólo dos partes o grupos representados por esas partes. Y como los procesos judiciales conciben a las partes como adversarios, los conflictos se dirimen exclusivamente sobre la base del material que cada una de las partes opta por mostrar ante el tribunal. Si el problema requiere para su adecuada resolución la consideración de intereses de partes que no están presentes ante el tribunal y que no están formalmente en conflicto entre sí, de personas que incidental o consecuencialmente pueden verse afectadas por cualquier resolución adoptada sobre la disputa, entonces un tribunal no es la institución ideal para la resolución de un conflicto de ese tipo". En Villa Gesell, un privado politizado judicializó la cuestión de la playa. Un Juez, politizado, sostiene que se aviene a derecho y que no va a tener en cuenta las autonomías municipales en la toma de decisiones. Pero claro, no dice que en otro Distritos vecinos midió idénticas situaciones con las mismas leyes pero… ¡Fallando de manera distinta! Por eso está politizando la judicialización, y también matando a la gallina de la que viven los geselinos. Que quizás ya no sea la de los huevos de oro. Pero es la única. Y si el Dr.  Escobar, acepta el proceso de la judicialización de la política y de la politización de la justicia, habrá cometido un desatino. La Justicia, lenta no es Justicia. Pero si la toma de decisiones se emparenta con la política, es injusticia. En el nuevo amparo no a favor, si no contra la playa, como una cuestión paradójica o una más de las tantas, los principales gestores de la medida cautelar son... Concesionarios de Unidades Fiscales que anteriormente cuestionaron y severamente a los amparos que les impedían a ellos hacer sus obras. Y el abogado amparista, devenido en ecologista,  es un profesional de Dolores que defendió a un oferente en  una Licitación en el Partido de La Costa que pretendía construir un balneario de cemento, ladrillos y hasta con un helipuerto... Y fue pre-candidato a Intendente por el radicalismo en su Distrito.  Los tiempos se acortan. La Cámara ahora, además de hacer justicia, deberá tomar decisiones referidas a la economía global de la ciudad y no responder a un minúsculo sector de opositores. Tendrá que sacar el componente político de sus decisiones, que motivan, evidentemente, al Juez de Dolores Y además, tendrá que darse cuenta que se está transitando un camino que es confuso, al menos y tiene que ver con la división de poderes. El fallo de Escobar se  entromete en las autonomías municipales. Y forma parte de un juego maquiavélico, tendiente a jaquear a la administración municipal. Que haga Justicia. Y pronto.