La columna de Jorge Rachid

UNA CORTE SUPREMA QUE NO DEFIENDE EL ESTADO DE DERECHO, DEBILITA LA DEMOCRACIA Y PONE EN RIESGO LA PATRIA

¿Algún argentino podría pensar que un fallo de la CSJ, otorgue a las Islas Malvinas, soberanía inglesa?

Sería impensable, pero lo cierto es que es esa misma Corte, la que permite poner en riesgo, instrumentos centrales de la decisión política soberana, en fallos que toleran la intromisión de decisiones judiciales extranjeras, sobre patrimonios nacionales. Caso: aceptar acuerdos sobre deuda externa sustanciados en Tribunales de EEUU o colocar como garantía de las deudas, el subsuelo mismo de la Patria y sus recursos naturales, nuestro patrimonio.

En ese transitar de indiferencia y pasividad en sus resoluciones, la CSJ puede aceptar como natural, pasivamente, que dos mujeres salgan libres de culpa y cargo, después de 10 y 13 años de prisión injusta. La sociedad ha naturalizado que el servicio de justicia, puede iniciar un juicio por la masacre de Wilde 26 años después de los hechos o todavía no terminar el proceso de la voladura de Río Tercero, con condenados libres, décadas después. Si la Justicia llega tarde, deja de ser Justicia.

Sin embargo esa misma CSJ es la que declara inconstitucional, cualquier intento de modificar estructuralmente el funcionamiento propio, de uno de los poderes del Estado, que ha sido cooptado por una lógica institucionalista y monárquica, de espaldas a las necesidades reales del pueblo y los intereses de la Patria.

Es la CSJ que ha permitido, como denunció el Presidente de la Nación al momento de asumir su cargo, ante la Asamblea Legislativa, que haya presos producto de las arbitrariedades producidas por un Poder Judicial intrusado y manipulado por servicios de informaciones y el poder político, que lo utilizó, siguiendo las órdenes de Lawfare, aplicada en América latina, por el diseño estratégico de EEUU, al cual eran tributarios las autoridades de Cambiemos. Los casos de Milagro Salas, Amado Boudou, Julio de Vido, Luis D´elía, entre otros cientos, son ejemplo de causas armadas.

Esa misma denuncia, expresada por el Presidente, también fue efectuada por Cristina Fernández en su alegato judicial, en el Tribunal Oral y por el Papa Francisco en la convocatoria efectuada a jueces de nuestra región al Vaticano.

Ese Poder Judicial, usado como método de persecución política y al servicio de intereses económicos, que llevaban a desnacionalizar nuestra economía, cooptar medios de comunicación, no oficialistas y con la complicidad venal de algunos jueces y fiscales federales y provinciales, procediendo a encarcelar alterando el estado de derecho, a quienes resistían dichas medidas. En ese camino, el endeudamiento sin límites, la fuga de capitales, la alteración de blanqueos impositivos, el nepotismo institucional y económico, fueron amparados, por una Justicia sin venda.

La CSJ no se involucró en los desfasajes institucionales que pusieron en riesgo la institucionalidad democrática, que tanto esfuerzo le costó al pueblo argentino preservar, en los últimos 36 años. También toleró que el poder político alterara los peritajes de 14 peritos de la Corte en la causa Nisman, con un peritaje direccionado de Gendarmería que intentó demostrar un asesinato que nunca existió. Tampoco reaccionó a la tortura que aceleró la muerte de Héctor Timerman y no se involucró en el ocultamiento de las muertes represivas de Maldonado y Nahuel. Tampoco se pronunció sobre la supuesta doctrina Chocobar, de gatillo fácil represivo, que tantas víctimas causó en jóvenes morochos y perseguidos, de las barriadas humildes.

 Es que es la primera vez en ese período, el más largo de la historia de nuestro país de funcionamiento pleno de los poderes republicanos, en que se lleva adelante una persecución sobre la oposición política y social, alterando la igualdad ante la ley, encarcelando a diestra y siniestra, ante la sola denuncia anónima, permitiendo el linchamiento público de personas a través de medios de comunicación hegemónicos que se transformaron en factores de poder y voceros de la Justicia, por fuera de los canales institucionales del servicio de Justicia, siendo los servicios de informaciones, los encargados de la tarea sucia, de escuchas y operaciones secretas, para el armado de causas..

Pueden los presos producto de las “arbitrariedades” o presos políticos, ser liberados por la autoridades judiciales actuales?

Es sin dudas la pregunta del momento político que aún no tiene respuesta, porque la sustanciación de los juicios tiene tiempos procesales demasiados largos, como hemos explicado al principio, pero al mismo tiempo son necesarios para declarar la nulidad de las causas armadas por la corrupción macrista, que utilizó para amparar su propio saqueo del patrimonio nacional.

Sin embargo es posible su liberación inmediata, con la sola derogación de la llamada doctrina Irurzum, verdadera herramienta inquisitiva del poder político neoliberal.

Es la CSJ quien puede producir los fallos y medidas necesarias para que todos los argentinos seamos iguales ante la ley, liberando a aquellos compatriotas que han sido llevados a prisión, sin condenas firmes y en algunos casos sin procesos sustanciados, es la misma CSJ quien puede corregir y corregirse democráticamente.

 Es que el régimen macrista, instalado y conducido desde la Embajada de EEUU, pretendió mantener los juicios abiertos, en un permanente acto de difusión de la “corrupción populista”, como herramienta central del disciplinamiento social que pretenden controlar y de no ser posible, reprimir, incluso a través del servicio de justicia.

Entonces no es al Ejecutivo Nacional a quien reclamar la modificación de la situación judicial de los presos, es a la Corte a donde deben dirigirse los esfuerzos políticos de su liberación.

El Ejecutivo deberá seguir, como definió el Presidente, en sus esfuerzos por modificar el actual manejo de la Justicia, mediante leyes que sean capaces de atravesar, la barrera infranqueable, del único poder permanente de nuestro país, como se ha constituido la Corte que debe ser democratizado, si queremos apuntalar la democracia como marco institucional de nuestro país.

 El gobierno nacional y popular del cual formamos parte, está en el camino del fortalecimiento institucional, luchando por superar las catástrofes producidas por el saqueo producido por la gestión colonial del macrismo, enfrentando el endeudamiento y el hambre con intensidad y compromiso. La catástrofe de la Justicia y su secuela de los presos, debe ser resuelta rápidamente por la misma Justicia que los encarceló, que ya bastante daño ha producido durante 4 años de pesadilla y entrega patrimonial.

Ese camino sería fortalecer la democracia y apuntalar la Patria, término que deviene de patrimonio que fue arrasado por la gestión anterior.